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Justicia y estado de derecho

Berlín, 15 de agosto de 2011
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La noticia ha provocado un auténtico terremoto en Alemania: el asesino de un niño de 11 años recibirá una indemnización por haber sido amenazado por la policía.

Magnus Gäfgen, entonces estudiante de derecho, secuestró a Jakob en septiembre de 2002. A sus padres les exigió un rescate que la familia pagó 48 horas después. Gäfgen fue detenido al día siguiente del pago, pero no dijo dónde tenía a Jakob. Con el fin de hacerle confesar, el comisario Wolfgang Daschner le amenazó con torturarlo. La estrategia surtió efecto, Gäfgen llevó a la policía al lugar… donde havía enterrado el cadáver del niño. Lo había estrangulado el mismo día del secuestro.

Después de haber sido condenado a cadena perpetua, el abogado de Gäfgen presentó una demanda, por la amenaza de torturas, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La sentencia se ha hecho pública el jueves 4 de agosto: se condena al Estado a pagar una indemnización de 3.000,00 euros al asesino confeso de Jakob. El juez ha explicado su decisión porque “no se puede privar a nadie de la dignidad humana, ni siquiera en situaciones extremas”. Este sería un principio fundamental del estado de derecho, ha puntualizado. Por su parte, Gäfgen ha declarado que le había traumatizado que la policía le amenazase.

El debate, inevitablemente, está en todos los medios: ¿hay límites a los derechos de las personas? ¿Es moralmente aceptable que el asesino de un niño de 11 años reciba una indemnización por las amenazas que recibió para que confesara?

El siguiente reportaje, que forma parte de la serie documental “Die großen Kriminalfälle” (“Los grandes casos criminales”), relata el caso a fecha 1 de diciembre de 2008:

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